La Habana – En un país donde la industria azucarera se tambalea y la exportación de tabaco pierde terreno, Cuba parece haber encontrado una nueva especialidad: imponer multas. Según cifras oficiales, en el primer trimestre de 2025 se registraron más de 425.000 contravenciones, que suman más de 1.000 millones de pesos en sanciones.
Las autoridades no han dudado en calificar este balance como un «logro», destacando la «eficiencia» de los cuerpos de inspección en todo el país. Pero mientras los funcionarios celebran, muchos ciudadanos se preguntan si esta política no es más bien otra vía para apretar el ya debilitado bolsillo del cubano de a pie.
Las contravenciones incluyen desde violaciones del orden público hasta infracciones de precios y normas sanitarias. Pero, según testimonios recogidos por este reportero, abundan los casos donde las multas parecen responder más al cumplimiento de cuotas que a una genuina necesidad de orden o justicia.
“Lo que antes era una advertencia, ahora es una multa de 2.500 pesos”, cuenta Marta, una vendedora ambulante del Vedado. “Ya no sé si trabajo para vivir o para pagarle al Estado”.
En barrios de La Habana y otras provincias, las quejas se repiten: operativos constantes, inspectores sin margen de diálogo, y sanciones aplicadas sin claridad ni explicación. Para muchos, la represión económica se ha convertido en un método de control más eficaz que cualquier medida política.
Y todo esto en un contexto donde el salario mínimo sigue en 2.100 pesos mensuales y el dólar se cotiza en el mercado informal por encima de los 360 CUP. Las sanciones, en muchos casos, equivalen a semanas —o incluso meses— de ingresos.
Mientras tanto, los sectores productivos del país siguen estancados. Ni el azúcar, ni el café, ni el turismo muestran señales de recuperación significativa. Pero en materia de multas, Cuba va viento en popa. Una potencia, sí… aunque no precisamente en lo que muchos esperaban.
