La Habana/El Gobierno cubano anunció este jueves un amplio paquete de reformas económicas que marca un giro significativo en la estructura del sistema financiero y productivo del país, al incluir la apertura a la banca privada, la flexibilización de operaciones en divisas y la eliminación de restricciones a pagos en moneda extranjera entre actores nacionales y proveedores internacionales. Las medidas fueron presentadas ante la Asamblea Nacional por el primer ministro Manuel Marrero, en el marco de un programa que, según el Ejecutivo, busca modernizar la economía sin abandonar el modelo socialista, aunque su alcance responde también a la creciente presión ejercida por Estados Unidos para impulsar cambios en la isla.
El nuevo paquete de reformas, previamente aprobado por el Comité Central del Partido Comunista en una sesión extraordinaria, deberá ser ratificado por el Parlamento en una votación que, como es habitual, no se espera que introduzca modificaciones sustanciales. Marrero defendió las transformaciones como parte de la evolución del sistema económico cubano y aseguró que “no constituyen una desviación de nuestro proyecto socialista; por el contrario, responden a la lógica propia de su desarrollo”.
Entre las principales medidas destaca la autorización para la entrada de bancos privados en el sistema financiero cubano, bajo la supervisión del Banco Central de Cuba y en condiciones regulatorias que, según el texto oficial, serán equivalentes a las de la banca estatal. El documento no especifica cuándo podrán constituirse estas entidades, ni los requisitos de capital, propiedad o participación de actores extranjeros, aunque sí abre la posibilidad de que instituciones financieras privadas nacionales o foráneas participen en la concesión de microcréditos.
Hasta ahora, la participación privada en el sistema bancario cubano había sido prácticamente inexistente, aunque en marzo el Gobierno autorizó de forma limitada la participación de cubanos residentes en el exterior en bancos de inversión y otras instituciones financieras, siempre bajo licencia del Banco Central.
Otra de las medidas centrales es la posibilidad de abrir cuentas en divisas sin necesidad de autorización administrativa previa, así como la eliminación de restricciones a los pagos en moneda extranjera entre empresas con capital extranjero y sus proveedores nacionales. El impacto real de esta liberalización dependerá, no obstante, de la disponibilidad efectiva de fondos en el sistema bancario, en un contexto en el que numerosos actores económicos han denunciado dificultades recurrentes para retirar o transferir divisas depositadas en cuentas locales.
El paquete también introduce la figura del “agente de pago de última milla”, mediante la cual actores privados podrán gestionar de forma formal la canalización de remesas hacia Cuba, en un intento de ampliar los mecanismos de entrada de divisas en la economía nacional.
Asimismo, se contempla la creación de un marco regulatorio para activos virtuales y tecnologías financieras aplicadas a pagos nacionales e internacionales, junto con la posible constitución de entidades especializadas en este ámbito. Sin embargo, el Gobierno no ha precisado qué criptomonedas serían aceptadas ni los procedimientos operativos que regirán estas transacciones.
Entre las medidas anunciadas figura además la eliminación de límites a transferencias bancarias y extracciones de efectivo para personas naturales y jurídicas, tanto cubanas como extranjeras, una decisión que busca flexibilizar el funcionamiento del sistema financiero, aunque enfrenta el obstáculo estructural de la escasez de liquidez en efectivo en la red bancaria del país.
En el ámbito empresarial, el plan establece que una misma persona podrá ser propietaria de más de una mipyme, mientras que estas podrán ampliar su capacidad de contratación por encima del límite actual de 100 trabajadores, que hasta ahora definía la categoría de mediana empresa. También se prevé una reducción de la lista de actividades prohibidas y una mayor flexibilidad para que los negocios desarrollen múltiples líneas de actividad dentro de un marco regulatorio más amplio.
En el sector agrícola, el Gobierno propone autorizar nuevas inversiones privadas y extranjeras, permitir a cooperativas y productores la importación directa de combustible e insumos, y reducir la intervención estatal en la formación de precios. A nivel local, los municipios obtendrán mayores facultades para aprobar o extinguir empresas y autorizar proyectos de inversión tanto nacionales como internacionales.
El Ejecutivo no ha presentado aún un calendario para la implementación de las reformas ni ha detallado las normativas que regularán el funcionamiento de la futura banca privada, lo que deja abiertas numerosas incógnitas sobre el alcance real y la velocidad de aplicación de estos cambios estructurales en la economía cubana.
