La Habana/El Gobierno cubano ha presentado un amplio paquete de reformas que, según se anunció este miércoles durante una intervención de Miguel Díaz-Canel ante el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, incluye la eliminación de varias restricciones económicas históricas, entre ellas los precios topados, la libreta de abastecimiento y el monopolio estatal sobre el comercio exterior y la contratación de personal por parte de empresas extranjeras. A la espera de su implementación efectiva, el discurso oficial ha planteado cambios de gran alcance dentro del modelo económico vigente.
Entre las medidas más destacadas se encuentra la supresión generalizada de los precios topados, una política que, según explicó el mandatario, no ha logrado contener la inflación y ha generado efectos contrarios a los esperados, como la escasez de productos, el incremento de la informalidad y distorsiones en el mercado. “Vamos a corregir una política que no dio los resultados esperados”, afirmó Díaz-Canel ante un auditorio que respaldó sus planteamientos sin objeciones.
El paquete presentado incluye 23 ejes estratégicos y 176 propuestas, muchas de ellas previamente adelantadas en debates oficiales, aunque también incorpora medidas que, de concretarse, implicarían una transformación significativa respecto a la ortodoxia económica tradicional del sistema cubano.
Uno de los cambios más relevantes es la apertura a la inversión extranjera directa en el sector privado nacional, una posibilidad que hasta ahora estaba restringida al ámbito estatal desde su implementación inicial en 2013. Según explicó el mandatario, esta apertura se realizaría bajo “reglas claras de propiedad, repatriación, reinversión y solución de controversias”, en un contexto en el que numerosas empresas extranjeras han enfrentado dificultades para repatriar capitales en los últimos años.
Otra de las novedades anunciadas es la eliminación de la intermediación estatal en la contratación de trabajadores por parte de empresas extranjeras, un mecanismo que ha sido objeto de críticas durante años por su impacto en los salarios percibidos por los empleados. Con este cambio, las compañías podrían seleccionar directamente a su personal, una demanda reiterada por inversionistas y fuentes diplomáticas que han señalado que el sistema vigente limitaba la eficiencia de los proyectos.
Asimismo, el Gobierno plantea que los inversionistas extranjeros dejen de estar sujetos a listas cerradas de sectores priorizados, lo que abriría la posibilidad de mayor iniciativa en la definición de áreas de inversión. En paralelo, se mantiene la estrategia de atraer capital de la diáspora cubana, aunque este enfoque ya ha sido promovido en etapas anteriores con resultados desiguales.
Dentro del discurso oficial también se abordaron mecanismos de canje de deuda por activos, una fórmula que permitiría la entrega de bienes como hoteles o instalaciones industriales para saldar compromisos financieros, aunque sin que ello implique, según se aclaró, la pérdida definitiva de la propiedad estatal. Esta precisión fue presentada como una garantía ideológica dentro del marco del sistema socialista.
El paquete de medidas incluye además la revisión integral de la lista de actividades prohibidas para el sector privado, con el objetivo de sustituir restricciones por regulaciones consideradas más flexibles. También se prevé la ampliación del objeto social de las mipymes, la reducción de cargas burocráticas y la implementación de sistemas de facturación electrónica, pagos digitales y registros interoperables para mejorar el control fiscal y combatir la evasión.
En el ámbito energético y tecnológico, se anunció la apertura a empresas extranjeras para el suministro de paneles solares, baterías e inversores, junto con la reducción de impuestos asociados a estas tecnologías. Estas medidas se enmarcan en un contexto de crisis energética prolongada que ha afectado de manera directa a la economía y a la vida cotidiana del país.
Otro de los puntos relevantes del discurso fue la reafirmación del objetivo de sustituir progresivamente la libreta de abastecimiento por un sistema de apoyos directos a personas vulnerables, una promesa que ha sido reiterada en distintos momentos desde hace más de una década sin haberse concretado plenamente. En esta misma línea, se planteó la participación del sector privado en el sostenimiento de comedores sociales y hogares de ancianos, como parte de un rediseño de las responsabilidades sociales del Estado.
El plan también contempla la pérdida del monopolio estatal sobre las exportaciones, la reorganización del aparato administrativo con reducción de ministerios, el impulso de la autonomía municipal y la creación de estructuras comunitarias orientadas a la formación y cohesión social en los barrios.
Durante su intervención, Díaz-Canel volvió a responsabilizar a la política de Estados Unidos de buena parte de las dificultades económicas del país, aunque reconoció también la existencia de problemas internos. “Hay trabas que no vienen de afuera, ni del bloqueo. Hay lentitud, burocracia, normas que frenan al que quiere producir y decisiones que hemos postergado. Lo que depende de nosotros, tenemos que cambiarlo nosotros, y tenemos que cambiarlo ahora”, afirmó.
El mandatario insistió en que el proceso de transformaciones no implica un abandono del modelo político vigente, sino su adaptación para garantizar su continuidad. “No vamos a convocar solamente a resistir. Nos vamos a convocar a crear, a producir, a decidir, a fiscalizar, a prosperar y a transformar”, señaló, al tiempo que reafirmó la vigencia del legado de Fidel Castro y la defensa del proyecto socialista como marco rector de todas las reformas anunciadas.
