Mientras Cuba enfrenta una de las crisis económicas y sociales más severas de los últimos años, diversos opositores, juristas y activistas reunidos en Miami consideran que ha llegado el momento de planificar una eventual transición democrática. Durante un encuentro organizado por los impulsores del Acuerdo de Liberación para Cuba, los participantes afirmaron que «2026 es el año de la transición».
Presentado públicamente en marzo de 2026, el Acuerdo de Liberación para Cuba es una iniciativa promovida por las plataformas opositoras Pasos de Cambio y la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC). La propuesta establece una hoja de ruta dividida en varias fases que contempla la excarcelación de los presos políticos, el desmontaje de los mecanismos represivos, la creación de instituciones provisionales y la celebración de elecciones libres y plurales.
Pasos de Cambio reúne a organizaciones y activistas de la oposición cubana tanto dentro como fuera de la isla, entre ellos Cuba Decide, movimiento fundado por Rosa María Payá. Por su parte, la Asamblea de la Resistencia Cubana integra a decenas de organizaciones del exilio comprometidas con la promoción de un cambio democrático en Cuba. Ambas estructuras respaldan el Acuerdo de Liberación como una herramienta para preparar una posible transición política.
Las interrogantes sobre el futuro institucional del país marcaron el centro del debate. ¿Quién elaborará las leyes de una nueva Cuba? ¿Qué ocurrirá con los presos políticos? ¿Cómo se reconstruirán las instituciones estatales? ¿Qué mecanismos garantizarán la independencia judicial y la celebración de elecciones libres? ¿Cómo evitar un vacío de poder durante el proceso? Estas fueron algunas de las preguntas discutidas durante el encuentro celebrado el lunes 15 de junio de 2026 en la Sala Félix Varela de la Ermita de la Caridad del Cobre.
En el evento participaron promotores del Acuerdo, representantes de la oposición, activistas de derechos humanos y miembros de la diáspora cubana, quienes intercambiaron criterios sobre los desafíos que podrían surgir en el denominado «día después».
La conferencia adquirió una importancia especial tras anunciarse una alianza entre los promotores del Acuerdo de Liberación para Cuba y la Asociación Cubano-Americana de Abogados (CABA), entidad que agrupa a cientos de profesionales del derecho en Estados Unidos. Según explicaron sus organizadores, el propósito de esta colaboración es comenzar a diseñar las bases jurídicas e institucionales de una eventual transición democrática en la isla.
La iniciativa prevé la participación conjunta de abogados, académicos, jueces retirados y expertos legales de la diáspora en la elaboración de propuestas relacionadas con la restauración del Estado de derecho, la independencia judicial, la protección de los derechos fundamentales y la reorganización institucional del país.
«Estamos construyendo los cimientos jurídicos de una Cuba democrática», declaró a elTOQUE Rosa María Payá, fundadora de Cuba Decide y una de las principales impulsoras del Acuerdo de Liberación para Cuba. Según explicó, la oposición debe estar preparada no solo para denunciar las violaciones cometidas por el régimen, sino también para responder a los desafíos de gobernabilidad que surgirían en un escenario de transformación política.
Payá señaló además que el Acuerdo de Liberación ha evolucionado más allá de una simple propuesta política y que actualmente trabaja en la conformación de equipos especializados capaces de acompañar y gestionar un eventual proceso de cambio.
«Existe un equipo preparándose para liderar y acompañar la transición cuando se produzca una fractura del poder en Cuba, algo que creemos que ocurrirá en un futuro cercano», afirmó.
La activista consideró que la incorporación de la Asociación Cubano-Americana de Abogados representa un elemento esencial para desarrollar la estructura legal que sería necesaria durante una transición. Entre las prioridades mencionó la elaboración de una legislación provisional que garantice estabilidad institucional hasta que los ciudadanos puedan aprobar un nuevo marco constitucional mediante procedimientos democráticos.
A su juicio, ese proceso requeriría la salida del poder de la actual élite gobernante, incluidos miembros de la familia Castro y altos mandos militares, así como la liberación de los presos políticos, el fin de la represión y el reconocimiento efectivo de derechos fundamentales que permitan iniciar una etapa de estabilización nacional.
Payá insistió igualmente en que la reconstrucción del país no debe depender exclusivamente de dirigentes políticos o de organizaciones del exilio.
«Después del desastre y de la barbarie totalitaria no viene el vacío; vienen los cubanos a construir juntos la Cuba del futuro», expresó, al tiempo que invitó a ciudadanos tanto dentro como fuera de la isla a involucrarse en el proceso.
El reto del día después
Durante décadas, buena parte de la oposición cubana centró sus esfuerzos en denunciar las violaciones de derechos humanos y reclamar la liberación de los presos políticos. Sin embargo, el progresivo deterioro económico y social de la isla ha llevado a numerosos sectores a plantearse una nueva pregunta: ¿cómo evitar un vacío institucional si algún día se produce una transición?
En declaraciones exclusivas a elTOQUE, Jordi Martínez-Cid, presidente de CABA, explicó que la organización lleva años trabajando en un proyecto de ley transicional concebido para servir de puente entre el final del sistema actual y la convocatoria de una asamblea constituyente que permita a los cubanos decidir el futuro marco constitucional de la nación.
Para Martínez-Cid, una transición democrática exige mucho más que voluntad política.
«Lo fundamental es que exista un marco legal sólido para la nación», afirmó.
Según explicó, el Estado de derecho no surge de manera automática, sino que requiere planificación, consensos y herramientas jurídicas capaces de garantizar estabilidad durante el período de cambio.
El abogado detalló que la propuesta elaborada por CABA contempla el reconocimiento de derechos que han permanecido restringidos durante más de seis décadas en Cuba. Entre ellos mencionó la libertad religiosa, el derecho a la propiedad privada y las garantías establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Asimismo, aclaró que el documento no pretende convertirse en una ley definitiva, sino en una base inicial para el debate nacional.
«No es la ley; es un borrador», puntualizó.
La intención, explicó, es ofrecer una herramienta de referencia que pueda servir como punto de partida cuando llegue el momento de discutir el futuro institucional del país. El proyecto legislativo al que hizo referencia puede consultarse en el sitio web de CABA.
Como parte de la propuesta, Martínez-Cid describió una estructura provisional integrada por un Consejo Nacional compuesto por 15 miembros: cinco representantes del exilio, cinco de la oposición dentro de Cuba y cinco ciudadanos independientes. Este órgano tendría la responsabilidad de nombrar un Gobierno transicional encargado de tareas fundamentales, entre ellas la realización de un censo nacional y la organización de las primeras elecciones libres.
La voz de quienes han sufrido la represión
Entre los participantes del encuentro también se encontraba María Elena Alpízar, representante en el exilio de las Damas de Blanco, organización surgida en 2003 tras la Primavera Negra y que durante más de dos décadas ha denunciado la existencia de presos políticos en Cuba.
Su presencia recordó que cualquier discusión sobre una eventual transición no se limita a aspectos jurídicos o institucionales, sino que también involucra a las víctimas de la represión y a las familias que durante años han sostenido la lucha por los derechos y las libertades civiles.
En declaraciones a elTOQUE, María Elena Alpízar afirmó que cualquier proceso futuro deberá incluir mecanismos de justicia para las víctimas y garantías de que las violaciones de derechos humanos no queden impunes.
El debate sobre el futuro de Cuba cobra una relevancia especial en un contexto en el que organizaciones internacionales continúan denunciando la existencia de presos políticos y el encarcelamiento de figuras opositoras en la isla.
La alianza entre juristas y opositores surge además en medio de una discusión más amplia dentro de la disidencia cubana acerca de la forma en que debería desarrollarse un eventual cambio político.
Mientras algunos sectores defienden una ruptura total con las estructuras del sistema vigente, otros consideran que una transición negociada podría ofrecer mayores garantías de estabilidad. Estas diferencias han influido durante años en las relaciones entre organizaciones del exilio y actores opositores dentro del país.
No obstante, los promotores del Acuerdo de Liberación sostienen que la preparación institucional no puede posponerse hasta que ocurra el cambio político.
Para ellos, el reto ya no consiste únicamente en imaginar una Cuba libre, sino en responder una cuestión mucho más concreta y decisiva: ¿cómo gobernar el país cuando llegue ese momento?
