Nueve periodistas entre interrogatorios, detenciones, amenazas de prisión y lesiones físicas y sicológicas
Cuatro viviendas allanadas
Decomiso de medios de producción periodística
El director administrativo del ICLEP, Alberto Castaño, fue liberado a las 11:50 am del pasado viernes tras 96 horas arrestado y sometido a interrogatorios en el Departamento Técnico de Investigaciones de San Antonio de los Baños en la provincia de Artemisa.
El periodista fue arrestado de forma violenta el pasado 19 de junio cuando fuerzas combinadas de la Policía Nacional Revolucionaria, Brigadas Especiales y oficiales de la Policía Política en un aparatoso operativo rodearon y allanaron la sede del medio de comunicación comunitario del ICLEP, El Majadero de Artemisa y la vivienda de su Sr. padre de donde sustrajeron medios de producción periodística.
“Nunca antes me había arrestado con tanta violencia. Cuatro agentes de las Brigadas Especiales me fueron para arriba y de un puñetazo me partieron el labio inferior de la boca, me inflamaron la muñeca de la mano derecha y casi me parten el dedo pulgar de la misma mano el cual aún lo tengo inflamado y casi no lo puedo mover” explicó Castaño.
“Los de las Brigadas Especiales me practicaron una llave de estrangulación en el cuello y me arrastraron unos 300 metros dejándome casi inconsciente y provocándome un ataque de asma bronquial, enfermedad de la que padezco, pero que hacía años no sufría” argumentó.
El periodista aseguró que lo mantuvieron arrestado junto a delincuentes comunes que estaban siendo investigados por delitos de droga y asesinato.
“Durante los interrogatorios siempre habían de dos a tres oficiales de la Policía Política. El Teniente Coronel llamado Ernesto y el oficial Oscar de la Seguridad del Estado me amenazaron con ponerme en prisión por el supuesto delito de impresión clandestina y receptación e incluso trajeron a un fiscal que simuló procesarme por receptación”, señaló.
Castaño precisó que la Policía Política está muy interesada en conocer donde se encuentran los medios de producción periodística del ICLEP, en hacer desaparecer al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa y “me aseguraron que no permitirán ningún tipo de actividad contrarrevolucionaria en el territorio, refiriéndose a la edición y distribución de periódicos que realiza el ICLEP en seis provincias cubanas”.
Denunció el periodista que le tomaron fotos de diferentes ángulos y lo ficharon como un cabecilla contrarrevolucionario en contra de la Seguridad del Estado y le impusieron una multa de 200 pesos cubanos amparada en el decreto 310, artículo B, inciso 3 del código Penal Cubano, supuestamente, por violar disposiciones de Seguridad del Estado, medida que “no firmé por considerarla injusta”.
La última ola represiva de la Policía Política cubana contra los medios de comunicación comunitarios y periodistas del ICLEP, terminó con el allanamiento de cuatro viviendas, el decomiso de medios de producción periodística y la detención, interrogatorios y amenazas de prisión contra nueve periodistas ciudadanos (Alberto Castaño, Misleydis Sierra, Daniel González, Julián Guillermo, Mabel Páes, Arodis Pelicie, Marinavis Matos, Orlidia Barceló y Pedro Luis Hernández), además con el silencio de organismos e instituciones regionales e internacionales que defienden el derecho a la libertad de expresión y prensa en todo el mundo.